Fiscalía argumenta que privados que prestan servicios al Estado se convierten en funcionarios públicos y, por ende, pueden ser susceptibles a ser acusados de delitos de corrupción.
El Estado puede requerir servicios profesionales de privados, por lo cual celebra contratos de locación u órdenes de servicio. Los servicios contratados pueden variar entre opiniones legales, marketing, diseño de infraestructuras, entre otras.
F. DIARIO GESTIÓN
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